El presidente Donald Trump firmó un memorando que prohíbe a migrantes indocumentados y a otras personas sin estatus migratorio regular recibir prestaciones contempladas en la Ley de Seguridad Social, según informó la Casa Blanca este lunes. La medida forma parte de una estrategia migratoria más agresiva que busca limitar beneficios públicos a personas sin residencia legal en el país.
De acuerdo con las agencias EFE y Reuters, muchos migrantes irregulares consiguen empleo utilizando números de Seguridad Social falsos o prestados, lo que les permite cotizar en el sistema. Sin embargo, a pesar de aportar económicamente, no tienen derecho a recibir prestaciones debido a su estatus migratorio.
Esta decisión se da en el contexto del objetivo declarado por Trump de deportar a un millón de personas en el transcurso de 2025, cifra que superaría ampliamente el récord establecido por la administración de Barack Obama en 2011, cuando se registraron alrededor de 400 mil deportaciones. Según información reciente de The Washington Post, el gobierno mantiene conversaciones con al menos 30 países para facilitar la recepción de ciudadanos extranjeros expulsados de Estados Unidos.
En un movimiento aún más controversial, el mandatario ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1897 para autorizar deportaciones sin juicio previo. En semanas recientes, esta herramienta legal fue utilizada para enviar a 238 ciudadanos venezolanos a El Salvador, acusándolos de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, sin que se presentaran pruebas concretas.
La política migratoria de Trump, caracterizada por su dureza y enfoque punitivo, continúa generando reacciones dentro y fuera del país, especialmente entre organizaciones defensoras de los derechos humanos que advierten sobre el debilitamiento del debido proceso y la criminalización de la migración.
